Gestión de activos TI en entornos SOA

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Artículo publicado en la revista Actualidad Aseguradora por Juan Francisco Galán, SOA/BPM Practise Leader de Capgemini

En el entorno actual, algunos de los principales retos que afrontan los sistemas de información de las empresas aseguradoras son los siguientes:

  • Incremento del ritmo de cambio de los procesos de negocio, que reduce los tiempos de vida de todos los activos tecnológicos.
  • Demanda de soluciones que abarcan a más de un departamento.
  • Crecimiento de la colaboración entre compañías, para la que necesitamos que los sistemas sean cada vez más interoperables.
  • El número y la complejidad de los sistemas es cada vez mayor, sin que aumenten en la misma proporción los presupuestos correspondientes.

En este contexto, la gestión corporativa de activos TI se hace imprescindible para que los sistemas de información estén alineados con la estrategia de la empresa aseguradora y colaboren de manera activa en la obtención de resultados.

La gestión corporativa de activos tecnológicos suele abreviarse en el término “Gobierno TI”, traduciendo directamente la expresión inglesa IT Governance, y consiste en definir la estrategia, la estructura organizativa y los procedimientos que permitan asegurar que las TI de las empresas sostienen y dan soporte a la estrategia y objetivos empresariales. El gobierno de las TI debe ser una parte integral del gobierno corporativo y, por ello, formar parte de la responsabilidad de la dirección.

De este modo, el gobierno SOA es la parte del gobierno TI que se refiere a la Arquitectura Orientada a Servicios, que presenta algunas características claramente diferenciales. Dentro de la arquitectura SOA, parte de los servicios tecnológicos que dan soporte a los procesos de negocio de una empresa no son ya de su propiedad, al igual que parte de sus activos son utilizados por otras empresas. La reutilización de activos TI añade nuevas tareas a la gestión de la tecnología, como son la publicación de un nuevo servicio, la notificación de los cambios de un servicio existente, la monitorización y gestión de los niveles de servicio acordados, etc.

El primer paso para elaborar un modelo de gobierno SOA es la creación de un registro para los servicios. No obstante, el gobierno es algo más que un mero catálogo, es necesario definir tanto los procedimientos como las estructuras organizativas que den pleno soporte a los activos tecnológicos.

Uno de los pasos más importantes del gobierno SOA consiste en efectuar una correcta definición del ciclo de vida de los servicios, que incluya la planificación, el desarrollo, la publicación y descubrimiento, la gestión de versiones, la seguridad y el control de los acuerdos de nivel de servicio. Aquí la cuestión clave está en asegurar la confianza de los posibles usuarios.

Por otra parte, para gestionar de manera adecuada los servicios debemos tener claramente identificado su “RECI”: ¿Quién es el Responsable del servicio?, ¿Quién lo Ejecuta?, ¿A quién hay que Consultar antes de modificarlo? Y ¿A quién hay que Informar una vez modificado?

Finalmente, el modelo de Gobierno SOA debe incluir otras cuestiones, como son la identificación de las distintas categorías de servicios (taxonomías), los distintos modelos de contratos para su correcta utilización, la seguridad de los servicios, tanto en desarrollo como en ejecución: quién puede usarlos o modificarlos, las normas para monitorizar en tiempo real la disponibilidad y los niveles de servicio ofrecidos, incluyendo los procedimientos de alerta a usuarios en el caso de posibles fallos, etc.

Algunos de los beneficios que se obtienen de la incorporación a la compañía de un modelo de gobierno SOA:

  • Facilitar la reutilización de los activos tecnológicos, mejorando con ello la flexibilidad de las empresas y reduciendo sus costes.
  • Mejorar la interoperabilidad entres empresas, gestionando adecuadamente las distintas responsabilidades.
  • Gestionar los sistemas TI de manera centralizada, siguiendo una estrategia bien definida y superando los “nichos” departamentales.
  • Habilitar el reparto de los costes de desarrollo de servicios, según el uso que le den los distintos departamentos.