Asturias y Madrid son las Comunidades con mayor disponibilidad de servicios públicos online

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Estudio Comparativo 2010 de los Servicios Públicos online en las Comunidades Autónomas españolas de Fundación Orange y Capgemini Consulting

Los servicios públicos online de las Comunidades Autónomas de Asturias y Madrid han alcanzado una disponibilidad del 100%, seguidas por Andalucía y Navarra, con una disponibilidad media del 99 y 96%, respectivamente. Así se desprende del “Estudio Comparativo 2010 de los Servicios Públicos online en las Comunidades Autónomas españolas” elaborado por la Fundación Orange y Capgemini Consulting, que, entre otras conclusiones, destaca el mayor grado de desarrollo de los servicios dirigidos a ciudadanos que los servicios dirigidos a empresas.

Capgemini Consulting, la unidad global de consultoría estratégica y de transformación perteneciente al Grupo Capgemini, ha colaborado por cuarto año consecutivo con la Fundación Orange en la producción del informe eEspaña 2010, evaluando la disponibilidad de 26 servicios públicos online dirigidos a ciudadanos y empresas en las 17 Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Asturias y Madrid se colocan a la cabeza en disponibilidad de servicios online, con una implantación completa de los 26 servicios.

El servicio de quejas y sugerencias ha alcanzado el 100% de disponibilidad online en todas las Autonomías. Además, otros cinco servicios superan el 90%: matriculación universitaria -únicamente no disponible en Baleares-, bibliotecas públicas, consulta de licitaciones, búsqueda de empleo privado y tasas autoliquidables.

El servicio online que más se ha desarrollado durante este año ha sido el de tarjeta sanitaria, registrando un incremento del 25%, seguido de la búsqueda de empleo privado, con un 12%.

La disponibilidad media de servicios online es del 77%, cinco puntos por encima de la media de 2009. Madrid, con un incremento de 14 puntos porcentuales, es la comunidad que más ha contribuido a mantener el ritmo de crecimiento medio. No obstante, todas las Comunidades Autónomas han registrado un aumento en la disponibilidad de servicios online, a excepción de País Vasco que ha mantenido la misma disponibilidad que en 2009, un 78%.

Cabe mencionar que en el estudio se ha analizado la disponibilidad online de 26 servicios prestados por las distintas autonomías, 16 dirigidos a ciudadanos y 10 dirigidos a empresas. Estos servicios se han asociado en torno a cinco grupos según su tipología o naturaleza. El grupo más desarrollado es el de Contraprestaciones, seguido por Generadores de Ingresos, Permisos y Licencias, Registro y, en último lugar, Subvenciones.

En comparación con los datos de 2009, los cuatro primeros puestos continúan ocupados por las mismas comunidades: Asturias, Madrid, Andalucía y Navarra. Asturias continúa liderando la disponibilidad online de los servicios públicos, compartiendo en 2010 la primera posición con Madrid que en 2009 ocupaba la cuarta posición. Andalucía retrocede un puesto, del segundo de 2009 a tercero en 2010 y Navarra, que ha pasado de compartir el segundo puesto en 2009 junto a Andalucía, al cuarto puesto en 2010.

Por grupo objetivo de ciudadanos y empresas, la cuarta medición de los servicios en las 17 CC AA y las dos Ciudades Autónomas españolas revela que los servicios dirigidos a ciudadanos vuelven a presentarse más desarrollados que los servicios dirigidos a empresas (80% ciudadanos, 73% empresas). En 2010, Baleares, Navarra y Andalucía, son las únicas CCAA que han realizado mayores esfuerzos dirigidos al desarrollo de los servicios orientados a empresas, destacando que Extremadura y Cantabria presentan un fuerte cambio de tendencia.

El estudio comparativo 2010 muestra un año más un crecimiento constante de la disponibilidad de los servicios online analizados, constituyendo este hecho un indicador positivo de los esfuerzos que todas las Comunidades Autónomas siguen realizando para satisfacer las necesidades y expectativas de sus ciudadanos y empresas. En este sentido, destacan las inversiones de las Comunidades que lideran el ranking 2010 como han sido “eAsturias”, los Planes de Modernización de Madrid, “CLARA” en Andalucía y “Carpeta Ciudadana” en Navarra, claros ejemplos de las aspiraciones de la Administración Pública por la modernización de sus servicios.

Buen desarrollo de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos

Iniciativas, entre otras, como la plataforma redtrabaj@ del Ministerio de Trabajo e Inmigración que facilitan convenios a todas las CC AA para que puedan ofrecer servicios 100% online, la liberación de datos públicos utilizando Web semántica (Asturias, País Vasco…), o iniciativas de novedosas asociaciones tecnológicas de los sectores públicos y privados, proporcionan una clara visión de los importantes esfuerzos que están realizando las Comunidades Autónomas para contribuir mediante las tecnologías de la información y la comunicación a la modernización no sólo de los servicios públicos, sino de la economía y de la sociedad española. En este sentido, merece especial mención la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y el RD 1671/2009 que la desarrolla parcialmente, al haberse constituido como un pilar que está impulsando en todas las Comunidades Autónomas el derecho de los ciudadanos a poder relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

En otro novedoso estudio realizado este año se recogen algunas conclusiones al respecto de esta ley. Entre ellas que existen seis ámbitos de actuación con un buen grado de desarrollo (seguridad jurídica, firma electrónica, canales de acceso, estándares abiertos, igualdad y accesibilidad y notificación electrónica), que presentan más del 75 % de valoración cuantitativa. En cuanto al grado de aplicación de esta Ley, las CCAA presentan un buen nivel de avance, siendo la Comunidad de Madrid la que lidera el ranking con un 84 por ciento de grado de aplicación, seguida por Andalucía (83%) y Navarra 82%.

No obstante, a pesar de los avances y las inversiones desplegadas, destaca la necesidad de que todas las Comunidades y Ciudades Autónomas evolucionen los servicios destinados a colectivos específicos, especialmente al colectivo de discapacitados cuyos servicios presentan, aún, un desarrollo por debajo de la media total de los servicios.